En abril de este año, por petición de la Agencia Nacional de Protección de Datos, a lo menores de 14 años se le prohibía la pertenencia a redes sociales. Según Fernando Múgica, Defensor del Pueblo, en tan sólo tres días se cancelaron miles de cuentas. A los usuarios se le exigía demostrar, con su D.N.I, que superaban esa edad en un plazo de 92 horas: sino lo hacían, sus cuentas eran igualmente borradas (nueve de cada diez personas requeridas no contestaron).
Según un representante de Tuenti, en el primer semestre de 2010 se ha dado de baja a 35.000 usuarios menores de esta edad. Facebook, que se regía por la ley norteamericana y permitia usuarios desde los 13 años, aceptó el requisito español y aplico el mismo filtro. Por ello, Múgica está pidiendo un marco común de actuación, para evitar que este tipo de empresas burlen legislaciones nacionales ubicando sus sedes sociales en países "más permisivos". Pero ¿Qué ocurriría si la empresa se niega a aceptar la normativa de un país, por considerarla inadecuada?
Como siempre, la prohibición y el control, medida reccurrente de nuestros gobiernos, no es ni la única ni la mejor respuesta. La única arma es la educación, una verdadera alfabetización tecnológica que permita a los usuarios (jóvenes y no tan jóvenes) saber la consecuencia de sus acciones y de sus clics. Porque un gobierno puede tener buenas intenciones, e intentar mejorar la vida de sus ciudadanos, o proteger a sus menores, pero ¿y si un gobierno tiene por único objetivo censurar la libretad de expresión? ¿Podría un marco legislativo transnacional amparar la pretensión de China de bloquear Google o Blogspot? ¿No estamos encaminando hacia el Gran Hermano que retrató George Orwell en su novela 1984?
alfonsovazquez.com
ciberantropólogo
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