Desde
hace tiempo nos vienen tomando el pelo. La ley D'Hont, el sistema de
adjudicación de escaños que marcará que partido gobernará el país, es una falta
de respeto hacia los electores y hacia el ciudadano. Basados en unos
presupuestos decimonónicos para dar presencia a los diputados de las provincias
con menos censo electoral, pierde totalmente el sentido es un sistema
bipartidista donde se vota al partido, no a la persona. Lo que está
consiguiendo claramente es que las dos agrupaciones mayoritarias sean
intocables, a pesar de lo absurdo de los escrutinios. Veamos casos concretos.
Un partido con siete millones votos, el segundo más votado, consigue 110
diputados, pero la tercera fuerza, con
1.7000.000 votos, la cuarta parte de votos que el anterior, sólo
consigue 11. Mientras, una fuerza autonómica con un millón de votos consigue
16. Al mismo tiempo, la cuarta agrupación consigue 5 diputados con 1.140,000
votos, la misma representación que una
agrupación regional con 323.000. No deja de ser paradójico que de nuevo otra agrupación regional consiga un diputado
con 45.000 votos, pero un partido estatal no consigue ninguno con 215.000 votos.
Sin
embargo, siendo conscientes de la injusticia del sistema, ninguno de los dos
partidos mayoritarios, sabedores de su sempiterna alternancia en el poder,
apuestan por un sistema de adjudicación proporcional directo. Evidentemente
ello les condicionaría y podría en peligro su hegemonía. Curiosamente esta es
una de las pocas cosas en las que siempre han estado de acuerdo gobierno y
oposición: la ley D’Hont sigue. Así, terceras agrupaciones no tendrán opción de
alcanzar el pastel.
Pues
sin olvidar el asunto del blindaje de privilegios, no es menos cierto que día
tras día aparecen nuevos casos de corrupción. No se escapa ninguna institución
ni ningún partido. Ante el poder de persuasión del dinero no se resisten ningún
presidente, alcalde, consejero, diputado... estamos viendo como día se destapan
casos y más casos de partidos de derecha, de izquierda, mayoritarios,
minoritarios, independentistas, centralistas... Tampoco escapan instituciones
paralelas, como fundaciones ideológicas, nobleza y allegados. Ni el propio
entorno del rey escapa a la corrupción. Y ante tales desmanes, los cabecillas
de las tramas corruptas pasean impunemente sus onerosos beneficios como si nada hubiera pasado.
A
pesar de todo, el ciudadano medio ve como
sus problemas cotidianos no se solucionan con legislaciones que nunca les
favorecen. En los últimos años han aparecido colectivos y movilizaciones
levantando la voz contra las injusticias.
Pero como hemos visto, el sistema no permite alternativas. Los
gobernantes no escuchan y la reacción
social no puede pasar a la acción política porque el acceso por vía electoral
está blindado.
Sin
duda, corremos riesgos en la convivencia democrática. Los ciudadanos no confían
en el sistema, no se siente representados por partidos en los que prima más la
disciplina de voto que el interés general del país. Ello lleva a que en las
elecciones generales de 2008 se abstuviera el 27% de la población, pero en 2011
la cifra aumento hasta el 29%. Es decir, que de cada tres españoles, uno no
vota, Y las cifras son aún más preocupantes en comicios menos populares. En el
referéndum sobre la Constitución europea de 2005, sólo voto el 40% del censo,
pero tanto gobierno como oposición celebraron la mayoría del sí, sin
preocuparse en qué está pasando para que los ciudadanos cada vez acudan menos a
las urnas.
alfonsovazquez.com