El mito de la privatización

Desde hace un tiempo se viene haciendo proselitismo en espacios políticos en favor de la privatización, postura que viene a demonizar la función pública en favor de la gestión privada. Alentados por sus líderes, no son pocos los que   han aceptado a pies juntillas esta postura. Sin embargo, comenzaremos montando un contrargumento contra esta hipótesis: si la gestión pública no es eficiente y hay que privatizarla ¿es culpa de los trabajadores o de los gestores que no capaces de sacar provecho a sus recursos? ¿No es paradójico que sea la propia administración la que echa tierra encima de sus trabajadores para beneficiar a empresarios que se ocupan de los servicios privatizados? ¿Habría que reducir trabajadores de base o puestos de control, normalmente ocupados por personal de confianza y por hombres o mujeres?

Por otra parte, cabe destacar la privatización de grandes servicios públicos, creados con fuertes inversiones a cargo de las arcas del estado y que fueron puestos en manos privadas cuando estaban en pleno rendimiento. Si tuviéramos que elegir una compañía, los primeros nombres que nos vendrían a la cabeza podrían ser Telefónica o Iberia. Inicialmente empresas públicas y rentables, que fueron “vendidas” al mejor postor. Sin embargo, cuando una empresa privada que anteriormente fue pública va mal, el gobierno puede acudir en su ayuda con dinero público, como ha pasado recientemente con Bankia ¿Repartía Bankia sus beneficios con el gobiernos o con sus accionistas? Pues entonces ¿por qué en este caso no asumían pérdidas los mismos que se beneficiaban de las ganancias?

Además de la privatización de empresas podemos hablar de privatización de servicios.  El objetivo principal es el ahorro por parte de la administración correspondiente en la ejecución de un servicio respecto a cuando era la propia administración la que lo llevaba a cabo. Aquí nos podemos plantear dos ejes de reflexión: el primero es que si una empresa privada lo puede hacer mejor y más barato, es que los recursos públicos estaban más gestionados, con lo que los responsables no eran los trabajadores  de base, sino los directivos, normalmente cargos políticos ¿Por qué no se buscan personas capacitadas para los puestos de gestión en lugar de tener que externalizar el servicio. El segundo  punto de reflexión es el plano económico que en última instancia afecta al trabajador. Si un empleado de la empresa concesionaria hace el mismo trabajo que hacía el empleado público y lo hace por menos dinero (menos dinero porque el presupuesto es menor, y porque de ese presupuesto servirá para pagar trabajadores, pero la empresa se queda una parte como beneficio empresarial), ¿no existirá discriminación, auspiciada por la administración, sobre el empleado de la empresa concesionaria respecto de la pública? 

Para terminar, podríamos plantear una última hipótesis. Si la administración pública no es capaz de realizar un servicio, y tiene que subcontratarlo a una empresa privada ¿no sería el momento de eliminar los cargos políticos que supuestamente  deberían haber velado por la correcta ejecución de ese servicio?

alfonsovazquez.com

ciberantropólogo