Desafección: el divorcio entre la ciudadanía y la casta política

Desde hace tiempo nos vienen tomando el pelo. La ley D'Hont, el sistema de adjudicación de escaños que marcará que partido gobernará el país, es una falta de respeto hacia los electores y hacia el ciudadano. Basados en unos presupuestos decimonónicos para dar presencia a los diputados de las provincias con menos censo electoral, pierde totalmente el sentido es un sistema bipartidista donde se vota al partido, no a la persona. Lo que está consiguiendo claramente es que las dos agrupaciones mayoritarias sean intocables, a pesar de lo absurdo de los escrutinios. Veamos casos concretos. Un partido con siete millones votos, el segundo más votado, consigue 110 diputados, pero la tercera fuerza, con  1.7000.000 votos, la cuarta parte de votos que el anterior, sólo consigue 11. Mientras, una fuerza autonómica con un millón de votos consigue 16. Al mismo tiempo, la cuarta agrupación consigue 5 diputados con 1.140,000 votos, la misma representación que  una agrupación regional con 323.000. No deja de ser paradójico que de nuevo  otra agrupación regional consiga un diputado con 45.000 votos, pero un partido estatal no consigue ninguno con 215.000 votos.

Sin embargo, siendo conscientes de la injusticia del sistema, ninguno de los dos partidos mayoritarios, sabedores de su sempiterna alternancia en el poder, apuestan por un sistema de adjudicación proporcional directo. Evidentemente ello les condicionaría y podría en peligro su hegemonía. Curiosamente esta es una de las pocas cosas en las que siempre han estado de acuerdo gobierno y oposición: la ley D’Hont sigue. Así, terceras agrupaciones no tendrán opción de alcanzar el pastel. 

Pues sin olvidar el asunto del blindaje de privilegios, no es menos cierto que día tras día aparecen nuevos casos de corrupción. No se escapa ninguna institución ni ningún partido. Ante el poder de persuasión del dinero no se resisten ningún presidente, alcalde, consejero, diputado... estamos viendo como día se destapan casos y más casos de partidos de derecha, de izquierda, mayoritarios, minoritarios, independentistas, centralistas... Tampoco escapan instituciones paralelas, como fundaciones ideológicas, nobleza y allegados. Ni el propio entorno del rey escapa a la corrupción. Y ante tales desmanes, los cabecillas de las tramas corruptas pasean impunemente sus onerosos beneficios  como si nada hubiera pasado.

A pesar de todo, el ciudadano medio ve como  sus problemas cotidianos no se solucionan con legislaciones que nunca les favorecen. En los últimos años han aparecido colectivos y movilizaciones levantando la voz contra las injusticias.  Pero como hemos visto, el sistema no permite alternativas. Los gobernantes no escuchan y  la reacción social no puede pasar a la acción política porque el acceso por vía electoral está blindado.

Sin duda, corremos riesgos en la convivencia democrática. Los ciudadanos no confían en el sistema, no se siente representados por partidos en los que prima más la disciplina de voto que el interés general del país. Ello lleva a que en las elecciones generales de 2008 se abstuviera el 27% de la población, pero en 2011 la cifra aumento hasta el 29%. Es decir, que de cada tres españoles, uno no vota, Y las cifras son aún más preocupantes en comicios menos populares. En el referéndum sobre la Constitución europea de 2005, sólo voto el 40% del censo, pero tanto gobierno como oposición celebraron la mayoría del sí, sin preocuparse en qué está pasando para que los ciudadanos cada vez acudan menos a las urnas.

alfonsovazquez.com

ciberantropólogo